SESIÓN 8,9,10 y 11 
                                       
                                             LA VIDA DEMOCRÁTICA EN MÉXICO 


La democracia mexicana y el camino de México hacia ella son cuestiones cruciales tanto
para los analistas políticos como  para quienes hacen  la política en  los Estados Unidos.
Debería ser también de gran  interés para todos los ciudadanos estadunidenses porque,
como ya lo hemos visto en cualquier parte del mundo, por ejemplo, en Europa del Este, un
sistema democrático no implica de antemano el éxito, y la transición a la democracia no 
conduce necesariamente a la estabilidad política, a la legitimidad o al desarrollo.
Cada país se caracteriza por atributos políticos específicos, algunos son compartidos con
otras sociedades, otros son únicos de aquella entidad política específica. Una breve revisión 
de las estructuras más importantes y de las características institucionales del actual modelo
político  mexicano, que tendrán  algún  grado  de impacto  en  la transición  política actual,
tendría que incluir lo que sigue:

• Un partido de Estado predominante en la agonía de convertirse en un multipartido.
• Una rama del Ejecutivo Federal controlada durante siete décadas por un partido, y
por una élite cada vez más limitada de dirigentes.
• Un proceso electoral dependiente de una rama del Ejecutivo que ha adquirido una
novedosa autonomía e independencia desde 1996.
• Un  sistema de tres partidos que ha convertido  la hegemonía de uno  solo  en  la
oposición compartida, en el ramo legislativo, al control del partido único.
• Una cultura política y  religiosa semiautoritaria alimentada de principios
democráticos significativos.
• Un sistema federal dominado por el Ejecutivo nacional y necesitado en ese ramo de
recursos financieros.
• Un  gobierno  nacional donde el ramo judicial casi no  se ejerce o casi no  tiene
influencia.
                        
                                            
                                         PARTICIPACIÓN JUVENIL RUMBO AL 2012


En México, por mucho tiempo se ha hablado de la pasividad de las y los jóvenes 

por 

incidir en los asuntos públicos, así como de su apatía hacia los procesos político-electorales.

La participación ciudadana es un término que tanto en el discurso del gobierno como en 
la literatura académica, denota nuevas formas de mirar la esfera pública por parte de algunos sectores sociales, entre ellos las y los jóvenes. Esto, por una parte, implica reconocer las 
rearticulaciones de las relaciones de la sociedad y gobierno más allá de las formas representativas tradicionales-territoriales. Y por la otra, muestra la transformación del orden social y 
político dada la intensificación de la política en la cotidianeidad social.
Las reflexiones académicas sobre la importancia que adquiere la participación ciudadana 
en las actividades gubernamentales van desde aquellas que la plantean en términos de capital social, es decir, como un instrumento para generar cooperación, motivación y capacidad 
práctica para la solución de problemas públicos , quienes la consideran 
como una forma de trabajo e integración cultural propia de ciertas comunidades involucrando valores y tradiciones políticas e históricas , hasta los argumentos que la piensan de forma diferente al discurso usual, esto es como un recurso escaso y 
simbólico que los sectores sociales pueden manejar y condicionar tanto al gobierno como a 
actores de la misma sociedad dado que a través de ella, sus políticas y/o tareas pueden ser 
aceptadas

Si bien la participación ciudadana por su naturaleza es social por cuanto es una práctica 
regular que ha incumbido por igual a políticos que a la sociedad, a gobernantes que a gobernados; con el devenir de las sociedades contemporáneas su sentido se ha visto alterado 
y expresado en diversas derivaciones que adjetivan al término. No obstante, 
resulta que las posiciones que heterogéneamente adjetivan al término coinciden en señalar 
que no es una participación restringida al ámbito electoral al plantearla como un ingrediente 
deseable en las tareas de gobierno, dando pie a pluralidad de sentidos que convergen en 
sus planteamientos o bien señalan la necesidad de analizar los fenómenos de la participación desde una perspectiva distinta a la electoral a fin de aprenderla y concebirla de forma 
diferente y más acorde a las circunstancias, según propone Martínez y Sosa

Específicamente, al hacerse referencia a la participación ciudadana es posible encontrar 

diferentes denominaciones que en su desarrollo conducen a ciertas posiciones equivalentes 

como a formas distintas de entenderla.

                            

                    

                             EL PAPEL DEL IFE EN LAS ELECCIONES FEDERALES

El Instituto Federal Electoral es un organismo público, autónomo y permanente encargado de organizar las elecciones federales, es decir, las referentes a la elección del Presidente de la República y de los Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en la conformación del IFE participen únicamente ciudadanos y representantes del Poder Legislativo de la Unión y de los Partidos Políticos Nacionales, por lo que le otorga independencia para su funcionamiento y toma de decisiones, así como personalidad jurídica y patrimonio propios.

Misión

Contribuir al desarrollo de la vida democrática, garantizando el ejercicio de los derechos político-electorales de la sociedad a través de la promoción de la cultura democrática y la organización de comicios federales en un marco de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Visión

El Instituto Federal Electoral se consolida como un organismo público autónomo, transparente y eficiente, en el que la sociedad cree y deposita plenamente su confianza, que se distingue por proporcionar servicios cada vez más confiables y de mayor calidad a la ciudadanía y ser el principal promotor de la cultura democrática en el país.

Fines

• Contribuir al desarrollo de la vida democrática.
• Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
• Integrar el Registro Federal de Electores.
• Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones.
• Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.
• Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.
• Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática.
• Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, destinado a los objetivos propios del Instituto y a otras autoridades electorales, además de garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia.